Actualmente, el 15% de los trabajadores (unos tres millones) españoles sufren algún tipo de adicción, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Por esta razón, los planes de prevención contra la drogadicción están siendo consideras cada día más por empresas, ya que éstas pierden unos 4.000 millones de euros al año como consecuencia de accidentes y bajas derivados del consumo de droga.

Los principales factores laborales que influyen en los empleados para consumir se encuentran los horarios excesivos, turnos inadecuados, malas relaciones laborales, el cansancio, la insatisfacción o la rutina.


Naciones Unidas, la Organización Internacional del Trabajo y la Organización Mundial de la Salud están de acuerdo en la necesidad de abordar las graves consecuencias de las adicciones en el mundo laboral, tanto si el origen de la dependencia se encuentra en el centro de trabajo, como si llega hasta el mismo desde fuera.

Estos organismos mantienen un criterio crítico y de evidente preocupación, al entender que las sociedades pagan un pesado tributo por el uso indebido de drogas, tanto en términos económicos como humanos. Principalmente, porque daña no sólo la salud de los trabajadores, sino también afecta negativamente la productividad, la calidad y la competitividad empresarial.

En consecuencia, aumentan los accidentes y las enfermedades profesionales, los costos empresariales, el absentismo laboral, los gastos sociales y sanitarios.

También, los productos y servicios defectuosos crean riesgos de seguridad y salud para el público consumidor, que es quien, además, está pagando los gastos sociales y sanitarios mencionados.

Programas en empresas

Sin duda ninguna industria o empresa puede permitirse ignorar tal realidad, ya que si el coste de la falta de preocupación puede ser muy alto, la implantación de un programa para la prevención y la atención de las adicciones no requiere un gran desembolso financiero si se aprovechan los recursos existentes.

Los programas de prevención deben enmarcarse en los siguientes principios:

▪ No deben imponerse como un ejercicio disciplinar de las empresas.
▪ Deben ser consensuados con la Dirección General y los representantes sindicales.
▪ Deben ser confidenciales.
▪ Deben utilizarse recursos externos a la empresa.
▪ Es preciso formar y apoyar a los trabajadores, técnicos, directivos, personal sociosanitario y representantes sindicales de la empresa en materia de drogadicción y prevención.

En España, el marco constitucional básico sobre riesgos laborales es irreprochable, estableciendo el derecho de todos a la vida, la integridad física, la intimidad, la seguridad e higiene en el trabajo, incluída la información y la readaptación profesional, pero en materia de adicciones en la empresa existen graves lagunas legales y con disposiciones caducas de corte disciplinario, situación que obliga a las CCAA a legislar por su propia cuenta.

En cuanto al mundo sindical, existe una alta preocupación para prevenir este problema ya que el consumo de droga lo consideran como una enfermedad del comportamiento, y por tanto, creen en la necesidad de apoyar a los empleados a través de programas que promuevan el abandono de los modelos represivos y marginadores en la empresa, favoreciendo la implantación de actividades generales de fomento de la salud y del bienestar en el trabajo; asegurando así, la participación activa de los sindicatos.

El impacto económico anual del alcoholismo y otras drogas en España

▪ Los costes económicos totales imputables al consumo excesivo de alcohol se valoran en 3.833 millones de euros/año.
▪ De esta cantidad, 2.460 millones de euros/año corresponden al impacto sobre el medio laboral o a los llamados costes indirectos.
Las pérdidas de productividad se calculan en 1.731 millones de euros/año.
▪ El absentismo laboral subsidiario por incapacidad laboral temporal es de 728,5 millones de euros/año.
▪ Un total de 114.795 accidentes laborales con incapacidad transitoria se relacionan con el consumo excesivo de alcohol, con un coste sanitario global de 122 millones de euros.

Fuente: FAD—EDIS—Organización Internacional del Trabajo (2005)

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